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La USO Meta denuncia la decisión tomada por un juez de la república de decretar legal la captura de lideresa ambiental de Guamal

El día de hoy en las instalaciones del Palacio de Justicia de la ciudad de Villavicencio se surtió diligencia de apelación en el marco del recurso interpuesto por la fiscalía seccional Acacías a la decisión del juzgado de Guamal de decretar ilegal la captura de la lideresa social y ambiental de la vereda Pío Doce de Guamal, Marisol Parra.

El señor Luis Efrén Blanco Juez 2° Penal del Circuito de Villavicencio, en su decisión responsabilizó a la señora Marisol Parra de las agresiones que aparentemente se generaron contra los policiales en el marco de las manifestaciones en el proyecto Trogón de Ecopetrol, llegando a afirmar “No se puede levantar la mano contra el padre, digamos el hijo levanta la mano contra el padre cuando el padre no está haciendo una agresión, está haciendo una intervención”. Dejando sentando que los trabajadores y las comunidades debemos recibir con agrado las reprimendas de la policía, sin pensar si quiera en optar por una posición activa ante ello.

Es increíble que para el señor Efrén Blanco, sea claro en etapa de indagación la responsabilidad de la compañera Marisol y por el contrario no la de los policiales en las lesiones que se le generaron a ella en el procedimiento de captura “Para el caso en concreto no logró verificarse que las lesiones que presentaba la señora Parra, como indiciada, fueran inferidas por exceso de la fuerza pública los agentes del orden o al ser resultado de un trato cruel inhumano degradante o que hubiera sido torturado o que hubiese sido tratado con vejámenes por lo tanto no puede ser este el argumento para decretar ilegal el acto de la captura

En diferentes espacios este sindicato ha denunciado que las empresas petroleras han logrado permear todos los espacios del Estado, prueba de ello son los vigentes convenios de colaboración entre el Ministerio de Defensa y Ecopetrol a través de los cuales se les pagan bonos a los policías que asisten a contener las protestas de las comunidades; y la creación y financiamiento de fiscalías pagadas desde los escritorios de Ecopetrol como el caso de la Estructura de Apoyo EDA.

Hoy nos preocupa el sistema judicial, donde los jueces de control de “GARANTÍAS” no son capaces de respetar la etapa procesal en que está ubicada la causa, realizando verdaderos juicios de valor y responsabilidad contra quienes no han sido condenados, los cuales siempre resultan favorables para los policías y las empresas. Recordamos el llamamiento que desde la Comisión Interamericana se hizo en el informe sobre Criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos en el año 2016:

 “El uso indebido del derecho penal en contra de defensoras y defensores genera en estos una serie de impactos negativos a nivel personal y colectivo afectando su salud física y generando efectos a nivel familiar y social. En particular, tiene un impacto negativo en la defensa de los derechos humanos. La defensora o defensor procesado penalmente debe invertir su tiempo y recursos en su defensa procesal y pierde condiciones para atender su trabajo o el de su organización”

Redacto. Junta Directiva USO Meta, 14 de Marzo de 2018.

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